Las políticas públicas deben hacer un uso apropiado de la prisión, que no esté determinado por motivos meramente políticos (en el mejor de los casos), sino que deben contrapesar la evidencia en costes y beneficios. Para ello hay que combinar todos los descubrimientos empíricos sobre el uso real de la prisión, en términos de duración de las penas, tipo de población reclusa, causas y consecuencias del encarcelamiento, y todo tipo de datos que se puedan incorporar al análisis.

Este proyecto se concentra en España, que según los últimos informes está a la cabeza de los países de su entorno (social y económico, de la Unión Europea) en población encarcelada. ¿Por qué sucede esto?

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