Cuando se decidió que la Unión Europea estaría en Bruselas, se hizo una concesión política a Francia y otra a Luxemburgo. A Francia se le dio el parlamento de Estrasburgo, adonde todo el hemiciclo y los funcionarios, unas 5.000 personas, se trasladan una vez al mes. A Luxemburgo se le dieron sedes administrativas. El proyecto trata de investigar y visualizar cuánto dinero público gasta la UE en mantener activas esas dos infraestructuras que tienen un fin estratégico y protocolario pero no funcional, en un contexto de contención de gasto y de políticas de austeridad aplicadas a los países miembros.