Democracia híbrida. Un camino hacia la democracia deliberativa

Democracia híbrida

Por Irene G. Rubio

 

Madrid, 23 de abril de 2019

Quedan pocos días para las elecciones generales y la expectación es muy grande. En el plató, cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno ultiman cada detalle de su intervención con su equipo de asesores. Dos periodistas les van a lanzar preguntas sobre diferentes cuestiones de actualidad, pidiéndoles que expliquen la postura de su partido y qué propuestas tienen para abordarlas. Durante dos horas, los candidatos se lanzan acusaciones, se interrumpen, esquivan las preguntas con consignas y proclamas, y se dedican a poner en evidencia a sus contrincantes sacando gráficos dudosos, documentos y objetos variopintos. Al final del debate, los comentaristas discuten quién ha salido ganador de la contienda. Pero… ¿qué tiene que ver esto con la discusión política?

«El sistema actual lleva a que los debates sean muy polarizados; no se generan deliberaciones sobre las cuestiones actuales, sino peleas de gallos. No se trata de buscar un terreno común», reflexiona la mediadora cultural e investigadora Arantxa Mendiharat. Para ella, la democracia representativa vive una gran crisis, por la cual la ciudadanía cada vez confía menos en cómo se toman las decisiones sobre políticas públicas. «Se vislumbran intereses ocultos detrás de las decisiones, se sospecha que no son el fruto de debates reales en los cuales se contrastan todas las opciones, que las personas que toman esas decisiones no representan a la ciudadanía porque no acogen la diversidad de los perfiles en una sociedad y que las decisiones se toman según un plazo electoral y no según unas necesidades reales de largo plazo», explica.

La búsqueda del terreno común al que alude Mendiharat es uno de los objetivos de la democracia deliberativa. Esta corriente, surgida en el ámbito de la teoría política, trata de mejorar el funcionamiento democrático. Según el filósofo Juan Carlos Velasco, el concepto de democracia deliberativa «designa un modelo normativo –un ideal regulativo– que busca complementar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas».

Frente a un modelo en el que las distintas posiciones compiten y gana la más votada, se trata de entender la democracia como un proceso en el que las personas toman decisiones sobre cuestiones que les afectan, escuchan la opinión de los demás y tratan de encontrar un consenso o acuerdo amplio que represente la mayor parte de las visiones. La corriente de la democracia deliberativa saltó de los despachos universitarios a las instituciones en los países anglosajones. Así, entidades como el Jefferson Center en Estados Unidos comenzaron a desarrollar propuestas, modelos y prototipos para trasladar estas teorías a la práctica. Poco a poco, se han ido creando asambleas y jurados ciudadanos en países como Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia o Australia.

En los últimos años, estas prácticas institucionales y académicas han encontrado una conexión inesperada con el ámbito activista. «Los movimientos sociales se han dado cuenta de que la democracia deliberativa es una herramienta válida y han comenzado a reivindicarla», explica Yago Bermejo, responsable de ParticipaLab (Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Participación Democrática, 2016-2019) en Medialab Prado. «En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un movimiento que propone hacer una asamblea ciudadana para resolver la cuestión del Brexit, y movimientos ecologistas como Extinction Rebellion proponen algo similar para abordar el cambio climático».

Madrid, un jueves de marzo de 2016

Asamblea en un centro cultural para debatir sobre los presupuestos participativos, recientemente puestos en marcha en la ciudad. Se debaten diferentes propuestas, desde la creación de más carriles bici a la mejora de los parques del barrio. La discusión se alarga hasta pasadas las 21:00 h, pero se consigue llegar a un consenso sobre qué propuestas presentar al Ayuntamiento.

Esta asamblea sería un ejemplo claro de democracia deliberativa en acción. Sin embargo, hay un elemento que falla: el perfil de la gente que participa es curiosamente homogéneo. La mayoría son personas de entre 25 y 45 años, blancas, de clase media. Aunque hay un número similar de mujeres y hombres, estos últimos son los que realizan el mayor número de intervenciones y las de mayor duración. La asamblea es abierta y se ha invitado a vecinas y vecinos a que participen, pero las personas asistentes difícilmente representan la diversidad del barrio. Hay grandes ausencias: personas con hijas e hijos pequeños, o que cuiden a dependientes; personas racializadas y migrantes, personas con pocos recursos, etc.

¿Cómo conjugar democracia, representatividad y equidad? Una respuesta posible consiste en combinar la democracia deliberativa con una selección de las personas que participan a través del sorteo. Si se escoge a las personas de manera aleatoria, pero garantizando que cumplan una serie de criterios, se consigue implicar en la toma de decisiones políticas a un número de gente suficientemente representativo. «Gran parte de la población no participa nunca en la toma de decisiones –apunta Arantxa Mendiharat–. El mecanismo del sorteo permite integrar a las personas y hace que tengamos más en cuenta la política porque quien decide es la gente». La elección por sorteo de las participantes es, así, una característica clave de las experiencias de democracia deliberativa que se han ido implantando en los últimos años.

El sorteo no solo busca garantizar la representatividad, sino también una participación en igualdad de condiciones. «El problema en los grupos activistas es que quien tiene más tiempo es quien tiene más poder –razona Yago Bermejo–. Por eso, en las prácticas institucionales es muy importante que todo el mundo esté el mismo tiempo. No se permite que quienes puedan dediquen más tiempo, porque se genera una desigualdad y se empodera a unos frente a otros. A todo el mundo se le da el mismo tiempo y los mismos incentivos, así que se facilita que quien cuida en su casa participe el mismo tiempo que alguien que está jubilado». Estos incentivos pueden ser desde un servicio de catering para acompañar las deliberaciones, un espacio paralelo de cuidados para quienes acudan con sus hijas e hijos, hasta una remuneración económica, similar a la que se proporciona cuando se participa en una mesa electoral.

Irlanda, 25 de mayo de 2018

Día histórico en Irlanda. Se celebra un referéndum en el que se pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo en derogar la octava enmienda a la Constitución, añadida en 1983 y que prohíbe explícitamente el derecho al aborto. Su derogación permitiría legislar y regular la interrupción del embarazo. El «sí» triunfa con un contundente 66% de los votos.

¿Cómo un país de larga tradición católica como Irlanda llegó a una decisión con tan amplio respaldo social sobre una cuestión tan controvertida? Una de las posibles respuestas es que el recorrido para tomarla no fue el habitual, y que en el resultado tuvo mucho que ver la democracia deliberativa. En 2012 se estableció una Convención Constitucional para debatir reformas de la Constitución irlandesa. La novedad es que, de las 99 personas que formaban parte de ella, 33 eran representantes escogidos por los partidos políticos y 66 ciudadanas y ciudadanos escogidos aleatoriamente por sorteo. A lo largo de 15 meses, estas personas abordaron siete grandes cuestiones propuestas por el Parlamento, más otras dos que escogieron por su cuenta. Se realizaron una serie de recomendaciones y propuestas de enmiendas, algunas de las cuales fueron aceptadas por el Gobierno, otras rechazadas y algunas tratadas por comités de expertos. Una de sus propuestas fue llevada a referéndum, y así, en mayo de 2015, se aprobó el matrimonio igualitario.

Tras las siguientes elecciones, en 2016 se convocó una nueva asamblea, pero con una importante modificación: esta vez no participarían representantes políticos. Las 99 personas que la integran han sido escogidas por sorteo teniendo en cuenta cuatro criterios representativos: género, edad, lugar de residencia y clase social. La Citizens’ Assembly tiene el mandato de abordar cuestiones clave para el país y hacer recomendaciones al Gobierno. Su primer encargo fue la octava enmienda a la Constitución y el derecho al aborto.

El debate a lo largo de cuatro sesiones, con voces expertas y diferentes visiones, permitió llegar a una mayoría que respaldaba la decisión de retirar la octava enmienda. «En democracia deliberativa no siempre se puede llegar a un consenso, pero sí a una mayoría amplia. Se trata de llegar a mayorías de alrededor del 80%, en vez de mayorías del 50%, que producen una división de la sociedad en vez de llegar a consensos más amplios –explica Arantxa Mendiharat–. En Irlanda se llegó a una mayoría de casi el 70% en la Asamblea Ciudadana, que fue la cifra que luego logró el “sí” en el referéndum».

Madrid, 4 de marzo de 2017

Casi 400 personas se reúnen en la galería de cristal del Ayuntamiento de Madrid. Distribuidas en mesas, se dedican a formular propuestas de políticas públicas para la ciudad. Durante una primera fase se lanzan ideas, que más tarde se agrupan por temáticas y se concretan en proyectos que se acaban publicando en la plataforma de participación digital Decide Madrid. Las personas participantes han sido seleccionadas de manera aleatoria teniendo en cuenta cinco criterios demográficos: género, lugar de residencia, situación laboral, nivel de estudios y recuerdo de voto. Dentro de ese grupo de 400, cien son niñas y niños que han acudido con sus familias y que también participan elaborando propuestas. Al final del día se terminan publicando 56 proyectos en Decide Madrid.

Se trata del G1000, un evento impulsado desde ParticipaLab que replica una iniciativa belga. Este encuentro, nacido en 2011 para abrir espacios de deliberación ciudadana que mejoren la democracia, reúne a personas elegidas por sorteo para debatir asuntos clave del país. Como señalan en ParticipaLab, «si el G8 o el G20 representan el encuentro de los líderes del mundo, el G1000 pone a la ciudadanía corriente al frente para demostrar que tiene algo que decir». La puesta en marcha del G1000 madrileño es una iniciativa de ParticipaLab, que de 2016 a 2019 se ha dedicado a explorar, investigar, prototipar y poner en práctica iniciativas de gobernanza e innovación democrática. «En esa exploración y creación de red internacional para ver qué propuestas había de empoderamiento democrático, descubrimos la rama deliberativa», explica su responsable, Yago Bermejo. Se dieron cuenta de que era una manera idónea de complementar otras herramientas de participación que ya estaba poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid.

En el G1000 también participó como voluntaria Arantxa Mendiharat, que desde 2011 impulsa como activista la introducción de la herramienta del sorteo en el sistema político. Unos meses después, Arantxa presentó, junto con Lyn Carson, de la fundación australiana newDemocracy, el proyecto Democracia Híbrida en el taller de Inteligencia Colectiva para la Democracia (ICD), que se celebró en noviembre de ese año en Medialab. «Partimos de una idea muy sencilla. Existen ahora mismo dos tipos de herramientas: por un lado, las plataformas digitales de participación, que en España se han ido desarrollando en varios municipios, y por otro, las asambleas ciudadanas. El objetivo era ver cómo aprovechar las virtudes de ambas para juntarlas», recuerda Arantxa.

El proyecto fue seleccionado y en su desarrollo participaron cinco personas que se apuntaron tras una convocatoria internacional, provenientes de Brasil, Bolivia, Suecia, Italia y Madrid. Al grupo de trabajo también acudieron el asesor de participación del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Arana, así como el director de participación, Gregorio Planchuelo. «Su participación fue fundamental –explica Arantxa–, porque conocían los mecanismos internos del Ayuntamiento, nos ayudaron a diseñar algunas cosas y a ver qué encaje podrían tener nuestras propuestas dentro de las leyes existentes». El resultado del taller fueron cuatro manuales, disponibles online, sobre cómo crear jurados ciudadanos y cómo combinarlos con las plataformas digitales.

Madrid, 30 de marzo de 2019

El Ayuntamiento de Madrid acoge la sesión inaugural de un órgano de reciente creación: el Observatorio de la Ciudad. Cuarenta y nueve personas, 22 hombres y 27 mujeres, con edades que oscilan entre los 17 y los 82 años, escuchan las palabras de la alcaldesa, Manuela Carmena, y del concejal del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, que les dan la bienvenida como vocales del Observatorio. «Tenéis por delante tareas que espero que os apasionen, como nos ocurre a las personas que formamos parte del Ayuntamiento de Madrid, que son entender cómo funciona esta institución, detectar los problemas de la ciudad, examinar la información disponible y debatir para encontrar soluciones», declara Soto.

El Observatorio es el resultado de un proceso de colaboración entre el Ayuntamiento y ParticipaLab. Tras el taller en el que se desarrolló la propuesta de Democracia Híbrida, el Área de Participación se interesó por el prototipo y decidió hacerlo suyo, con unos objetivos y un alcance más ambiciosos. «Si el prototipo proponía convocar jurados ciudadanos, en ciertas circunstancias y para ciertas cuestiones, buscando también un vínculo con Decide Madrid, el Área de Participación propuso desde el principio la creación de un órgano permanente con una rotación anual de sus miembros, que pueda analizar las políticas públicas en su conjunto, y que pueda ser convocado por el Pleno, la Junta de Gobierno, la alcaldesa o por la ciudadanía», describe Mendiharat. Para hacer realidad esta propuesta, el Ayuntamiento contrató a la newDemocracy Foundation y a Arantxa Mendiharat para asesorar en el diseño a lo largo de 2018. Una vez cerrado el diseño, en octubre comenzó el recorrido legislativo para aprobar el Observatorio, que finalizó con la firma del reglamento orgánico en el Pleno de Madrid el 29 de enero de 2019.

A lo largo de 2019 se prevén ocho sesiones, en las que el Observatorio tiene un doble cometido: por un lado, evaluar la propuesta más votada en Decide Madrid y decidir si debe ser enviada a consulta pública, y por otro, analizar las políticas públicas del Ayuntamiento. La propuesta que tuvieron que evaluar en su primera sesión de marzo fue «Derecho a jugar», que demanda una serie de medidas para lograr un Madrid más amigable con la infancia.

¿Cómo se toman las decisiones? El diseño está pensado para que se pueda decidir sobre una propuesta en dos sesiones. En la primera, las y los vocales examinan la propuesta y analizan, divididos en siete mesas de siete personas, qué información necesitan para tomar la decisión. Al finalizar la jornada, esta búsqueda se concreta en una serie de preguntas que, en la siguiente sesión, serán respondidas por personas expertas, por el Ayuntamiento o por quienes promueven la iniciativa. En esa segunda sesión, aclara Mendiharat, «la idea es que, para evitar expertos carismáticos, se use la técnica de dejar un asiento libre en cada mesa, de forma que los expertos van de mesa a mesa únicamente respondiendo a las preguntas». A partir de ahí, las y los vocales extraen una serie de hallazgos fundamentales que les sirven para decidir si esa propuesta se lleva a consulta pública. En estos casos, el Observatorio tiene que realizar una declaración sobre la propuesta que se presenta a consulta, en la que se resumen las cuestiones principales, las razones para estar en contra y las razones para estar a favor. Este modelo de declaración está inspirado en el Citizen Initiative Review de Oregón (EE UU), que activa un jurado ciudadano que emite recomendaciones para los votantes en el referéndum.

En todas las sesiones hay un equipo de facilitación que dinamiza las discusiones y ayuda en los debates. Su labor es crucial, pues trata de asegurar que todas las personas participen y puedan expresar su opinión, evitando que determinados perfiles acaparen las intervenciones o dominen el grupo. «En la primera sesión se hizo un pequeño acercamiento al pensamiento crítico y a los sesgos –desarrolla Mendiharat–. Todos tenemos sesgos a la hora de tomar decisiones, y ser conscientes de ellos facilita tomar una decisión». «También es importante reconocer la diversidad del grupo –añade–. Hay que hacer un ejercicio para entender que cada uno toma las decisiones de una manera: hay personas más analíticas y personas más intuitivas, y cada una tiene diferentes roles en el grupo. Se trata de reconocer esos roles y ver qué puede aportar cada uno. La suma de todo es lo que hace que tomemos la mejor decisión posible».

Estas cuestiones están muy relacionadas con el tipo de gente que forma parte del Observatorio. ¿Cómo se escogió a las personas participantes? La selección se realizó por sorteo en dos fases. En una primera, se realizó una selección de hogares: el Ayuntamiento envió una carta con una invitación a participar a 30.000 direcciones postales de hogares madrileños. En una segunda fase, las personas que habían aceptado la invitación para participar (una por hogar) entraron en un segundo sorteo para seleccionar vocales titulares y suplentes, teniendo en cuenta tres criterios: edad, sexo y distribución geográfica.

Gracias a este método, el Observatorio lo componen mujeres y hombres de diversas edades de todos los distritos de Madrid. Sin embargo, ¿no supone un sesgo de partida el hecho de que las personas participantes sean voluntarias? «Sí, es un sesgo clarísimo –responde Mendiharat–, pero hasta ahora todas las experiencias de este tipo en el mundo se han hecho así». Y aun así, para ella el procedimiento del sorteo permite que se apunte mucha gente que no participa en ninguna otra iniciativa política o social.

Bermejo intuye, con base en experiencias previas como el G1000, que podrían existir sesgos en los participantes del Observatorio. No obstante, las condiciones en el reclutamiento han sido diferentes y solo una encuesta detallada a los participantes podría clarificar si estos sesgos se han manifestado. «Nuestra experiencia en el G1000 es que las personas que menos se presentan como voluntarias son votantes de partidos de derechas, cosa que no ocurre en otras partes del mundo», explica. El muestreo, tal y como se ha realizado, ya lo corrige en parte, pero sería conveniente mejorarlo en un futuro. «Otro posible sesgo es que no haya apenas personas extranjeras o cuidadoras principales a cargo de niños o mayores». Aun así, Bermejo cree que estos sesgos se pueden resolver añadiendo nuevos criterios en la selección de vocales, que tengan en cuenta otras cuestiones para asegurar una mayor representatividad. La experiencia internacional también muestra que muchas personas cambian de opinión a lo largo de las discusiones gracias a participar en un proceso deliberativo con acceso a información diversa, con lo que su punto de vista de partida no es tan determinante a la hora de tomar una decisión.

«Una de las grandes preguntas del Observatorio es ver hasta qué punto se va a empoderar el grupo y va a entrar a analizar las políticas municipales», reflexiona Mendiharat. Para ella, el comienzo ha sido prometedor: «Manuela Carmena hizo una presentación del Observatorio en el Pleno, y ahí ya hubo nueve preguntas, de las cuales seis fueron de mujeres y tres de hombres, algo que llama la atención. Es un Observatorio donde ahora mismo hay 22 hombres y 27 mujeres, y eso se nota».

Por su parte, Bermejo, que también estuvo en la primera sesión como observador, añade que «la iniciativa de la gente sorteada de abrir el cascarón para informarse es limitada, es uno de los puntos débiles que hay que trabajar». «Me hubiera gustado que hubieran buscado fuentes alternativas. Piensa en una decisión conflictiva: no solo le puedes pedir información al Gobierno, porque es parte implicada».

En las próximas sesiones queda por ver algo que apunta Bermejo: ¿puede el Observatorio tomar decisiones sobre cualquier asunto, incluso aquellos más espinosos o polémicos? ¿Puede hacer recomendaciones que contravengan la postura del Ayuntamiento? «En principio, las cosas están establecidas para que eso pueda ocurrir, y eso es lo que nos gustaría que sucediese a quienes estamos en ParticipaLab –afirma–. ¿Qué pasa? Que no hay legislación estatal que ampare las iniciativas ciudadanas ni los referéndums». Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las sesiones del Observatorio para ver si esta herramienta explora en un futuro toda su potencialidad.

Puedes descargar más abajo el texto íntegro con notas al pie y ficha del proyecto, y la publicación de la que forma parte: Laboratorios ciudadanos. Una aproximación a Medialab Prado.

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