"La información administrativa sobre la actividad de los altos cargos y funcionarios continúa en España bajo importantes restricciones según la prevalente protección de la privacidad sobre el derecho a la información de interés público. Pese a todo, en 2009 se produjo una apertura reglamentaria en cuanto a la declaración de patrimonio de los miembros del Gobierno. Mi investigación analiza este tímido avance hacia la transparencia democrática." por Laura Tejedor